Semillas y beneficios impositivos en el RIMI: otro guiño oficial al campo que desata polémica

El vínculo entre el gobierno nacional y el sector agropecuario argentino vuelve a mostrar sus complejidades y tensiones en un momento en que el oficialismo impulsa medidas dirigidas a apuntalar la inversión y la modernización en el campo. La reciente reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), junto con la puesta en marcha de un nuevo protocolo para el control de la identidad varietal de semillas, reflejan un doble movimiento del Ejecutivo: otorgar beneficios impositivos mientras se enmarca una norma que profundiza la defensa de la propiedad intelectual en el sector semillero.

Desde abril de este año, el RIMI está vigente, pero recién ahora se definieron con claridad los bienes que entran en la categoría de inversiones productivas no sujetas a montos mínimos. Equipos de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes son los principales comprendidos en el régimen, permitiendo a productores amortizaciones aceleradas del Impuesto a las Ganancias y devoluciones anticipadas del crédito fiscal del IVA.

Este gesto oficial llega en un contexto donde el sector agropecuario reclama acciones más contundentes ante aumentos de costos e insuficiencias infraestructurales que impactan en su rentabilidad. Sin embargo, la medida solo resulta dirigida a ciertos segmentos y no aborda las demandas más arraigadas sobre retenciones y política económica general, lo que pone en evidencia una suerte de guiño selectivo sin cerrar las brechas estructurales que atraviesan hoy las economías regionales.

El nuevo protocolo publicado por Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) busca fortalecer la protección de las variedades registradas, estableciendo muestreos obligatorios en el primer punto de entrega del grano y control por entidades habilitadas para verificar la identidad varietal. Desde el gobierno, encabezado por funcionarios como el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, se promete que esta medida podría expandir las exportaciones agropecuarias en hasta 4 mil millones de dólares anuales y cerrar un atraso de más de tres décadas en materia de propiedad intelectual.

Sin embargo, la recepción entre actores del campo fue inmediata y crítica. Referentes como Pablo Ginestet, de CARBAP y la Asociación Rural de Henderson, cuestionaron la nueva norma por su carácter coercitivo sobre terceros ajenos al negocio semillero y subrayaron que lejos de promover las exportaciones, la medida instaura una agenda de conflictividad. El rechazo no solo recae en la forma, sino también en que la iniciativa no aborda cuestiones de fondo, como la mejora del sistema productivo ni las condiciones de acceso para los productores pequeños y medianos.

Este episodio es parte de una tensión recurrente que atraviesa la relación campo-Estado, donde las políticas de corte liberal-libertario que intenta imponer el gobierno chocan con la realidad compleja de un campo fragmentado y con múltiples desafíos. La declaración pública de funcionarios sobre el potencial impacto positivo contrasta con voces que advierten sobre un endurecimiento regulatorio y la reproducción de un modelo que privilegia a determinados actores en detrimento del conjunto.

En definitiva, las medidas apuntan a mostrar un gesto hacia la modernización y rescate tecnológico, pero el debate abierto evidencia que sin un diálogo real y un abordaje integral de las problemáticas históricas, estas iniciativas corren el riesgo de profundizar divisiones y no alcanzar el impacto prometido. La disputa por la propiedad intelectual de las semillas no solo es técnica o económica, sino un reflejo más de las pugnas de poder que marcan la política argentina contemporánea.

El gobierno nacional se esfuerza por configurar una agenda favorable al sector agropecuario a través de nuevos incentivos y protocolos, pero el desafío sigue siendo cómo construir consensos que permitan implementar políticas efectivas y legítimas en un área central para la economía argentina. Mientras tanto, la polémica sobre las semillas y los beneficios impositivos confirma que el campo sigue siendo un actor estratégico y un escenario donde se reflejan conflictos estructurales y negociaciones políticas aún abiertas.