Confirmaron que los fusilamientos de ‘Operación Masacre’ fueron delitos de lesa humanidad, 70 años después

Después de siete décadas, la Justicia argentina sentó un precedente histórico al declarar que los fusilamientos ocurridos en junio de 1956, conocidos como la «Operación Masacre», son delitos de lesa humanidad. La titular del Juzgado Federal en lo Criminal N° 2 de San Martín, Alicia Vence, reconoció este lunes la responsabilidad estatal en la planificación y ejecución de los asesinatos cometidos por la dictadura que encabezaba Pedro Eugenio Aramburu.

El caso y sus sobrevivientes

A fines de la noche del 9 de junio de 1956, doce personas fueron detenidas en una vivienda de Florida, a unos 10 km de Buenos Aires, cuando esperaban noticias sobre un levantamiento militar contra el gobierno de facto. Entre ellos había militantes peronistas y civiles, y aunque buscaban también al general Raúl Tanco, no lograron apresarlo.

Esas 12 personas fueron trasladadas a una comisaría en José León Suárez, donde recibieron la orden de ejecutarlos en un descampado. La orden fue dada por Desiderio Fernández Suárez, jefe de Policía bonaerense, y efectivizada por el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno. Cinco fueron asesinados en el acto, mientras que siete lograron sobrevivir, enfrentándose o escapando de sus agresores. A sus 96 años, Juan Carlos Livraga es el único sobreviviente vivo y testigo de aquella masacre.

Desde Wilson Walsh hasta la Justicia actual

La historia de estos crímenes estuvo cubierta por décadas. Su denuncia pública se basó en la investigación periodística de Rodolfo Walsh, quien en 1957 publicó Operación Masacre, libro que realizó a raíz de que Livraga resultara herido y no muerto, revelando un crimen ocultado bajo la excusa de la ley marcial. Esta ley, según la investigación, fue declarada sólo después de los fusilamientos, por lo que no amparaba estas ejecuciones ilegales.

A pesar de intentos iniciales de buscar justicia, la impunidad persistió y la causa fue archivada durante años, especialmente durante dictaduras posteriores. La reapertura llegó en 2022, motivada por juicios de la verdad similares como el de Napalpí, lo que permitió reactivar el proceso judicial que culminó ahora.

Un fallo con alcance simbólico y educativo

El fallo judicial remarcó que Aramburu y los demás responsables, hoy fallecidos, eran culpables de homicidio agravado y de haber cometido delitos de lesa humanidad, por lo que les habría correspondido prisión perpetua. Además, ordenó que la historia de la Operación Masacre sea incorporada en la enseñanza pública, sumándose a la memoria colectiva del país.

También dispuso la instalación de placas en los sitios clave donde ocurrieron los secuestros y fusilamientos para mantener viva la memoria de las víctimas, ofrecer reparación y evitar olvidos dolorosos. Para las familias, la sentencia no solo representa justicia, sino el reconocimiento de un dolor silenciado durante décadas.

La querella, representada por el abogado Alberto Palacio, destacó la importancia de esta reparación histórica: «La memoria estalla hasta vencer, va encontrando un recoveco para salir», recordó en su alegato final, subrayando la persistencia de la verdad frente al silencio impuesto durante tanto tiempo.