Diputados exigen respuestas al Gobierno por el patrimonio de Adorni

La oposición en la Cámara de Diputados confirmó una sesión especial para el 23 de junio, destinada a analizar la declaración jurada y el patrimonio de Manuel Adorni, jefe de Gabinete. La iniciativa incluye pedidos de informes verbales, una interpelación y la moción de censura, un mecanismo constitucional que podría derivar en su remoción.

Este llamado fue impulsado por un variado bloque que comprende al peronismo, izquierda, Coalición Cívica, Provincias Unidas, y legisladores cercanos a Martín Lousteau, así como representantes de provincias como Jujuy y Córdoba. En paralelo, sectores del PRO y la vicepresidenta Victoria Villarruel demandan que Adorni explique los detalles ante el Senado en junio.

El miércoles 29 de abril, Adorni presentó su declaración jurada acompañado por Javier Milei. Aseguró haber cumplido con todas las obligaciones legales y transparentado su patrimonio. Sin embargo, diversas inconsistencias y contradicciones en los datos elevados despertaron críticas acusándolo de ocultar bienes, una falta que, según la oposición, constituye una «mentira directa a los argentinos y al Congreso».

Desde el bloque peronista afirmaron que Adorni «mintió a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales.» En tanto, el PRO fue contundente en redes sociales al señalar que «un funcionario no puede negar ocultamiento y luego admitirlo». Aunque el armado legislativo del partido de Mauricio Macri aún no definió una postura concreta en el Congreso, la presión pública crece.

Aún sin adhesión formal del PRO, la UCR ni de Innovación Federal a la moción, el panorama político es inestable. Algunos diputados del espacio amarillo muestran críticas al jefe de Gabinete, mientras otros mantienen el respaldo. Patricia Bullrich calificó la situación como una «omisión ética» y destacó que ocultar bienes públicos es un delito contemplado en el artículo 268 del Código Penal.

La moción de censura está prevista en la Constitución Nacional desde 1994 y, aunque no puede provocar la caída del Gobierno, sí puede destituir específicamente al jefe de Gabinete, con mayoría absoluta requerida en ambas cámaras.

Además del pedido de interpelación y censura, en Diputados se impulsan proyectos para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, cuya actual formulación facilita el blindaje ante controles tributarios para funcionarios y familiares. Esteban Paulón propone restringir este beneficio, mientras Sebastián Galmarini de Proyecto Federal busca una Ley de Integridad y Ética Pública más rigurosa.

En el Senado, Juliana Di Tullio presentó un proyecto para eliminar dispositivos legales que dificultan el control fiscal sobre funcionarios.

El Senado no se mantiene ajeno. Con Patricia Bullrich al frente, el bloque PRO exigió formalmente la presencia de Adorni para rendir cuentas este mes, respetando el artículo 101 de la Constitución, que establece informes mensuales ante el Congreso.

La vicepresidenta Villarruel, aislada del oficialismo, calificó las justificaciones de Adorni como una «vergüenza» y convocó a la Cámara alta para que el jefe de Gabinete rinda su informe en junio. Mientras tanto, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, difundió en redes una foto de la reunión política en la Casa Rosada, en medio de la fuerte interna que atraviesa el oficialismo.

La estrategia oficialista parece ser esperar que el Mundial desvíe la atención de la agenda política, aunque las presiones parlamentarias y sociales aumentan. Como reflejan fuentes cercanas a Bullrich, Adorni estaría enfocado en su defensa personal, consciente de la gravedad de la situación y temeroso de posibles consecuencias judiciales.

De cara al 23 de junio, se espera una sesión clave que podría comenzar una definición política que, hasta ahora, no tuvo precedentes para un jefe de Gabinete en la historia reciente argentina.